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La Junta de Andalucía inicia la elaboración de la Ley de Transparencia y creará la Agencia de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha informado al Consejo de Gobierno del inicio de los trámites de elaboración del anteproyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía. El texto estará abierto a las aportaciones de la ciudadanía, los grupos políticos y los agentes sociales en el marco del Pacto por Andalucía, para su aprobación como proyecto de ley y posterior remisión al Parlamento.

La futura norma tendrá como objetivo fundamental facilitar al máximo el acceso de los ciudadanos al conocimiento de la actuación de las administraciones, así como de las entidades privadas que gestionan fondos públicos o se financian con los mismos.

Respecto a la legislación estatal básica sobre la materia que actualmente se debate en el Congreso de los Diputados, la ley andaluza introduce como principal novedad la ampliación del ámbito de aplicación. De esta forma, además de las administraciones (la Junta, el Parlamento andaluz en sus decisiones administrativas, los ayuntamientos, las diputaciones, las universidades y las agencias y entidades vinculadas), estarán obligados a suministrar información los adjudicatarios de contratos del sector público; los beneficiarios de subvenciones; las entidades sin ánimo de lucro (partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y ONG, entre otras) que reciban ayudas o subvenciones para sus actividades; las empresas privadas que gestionan servicios municipales, y las empresas y entidades que concierten con la Administración la prestación de servicios de educación, sanidad o servicios sociales.

Modelo para otras normas

En este sentido, la consejera ha expresado su confianza en que la “norma andaluza sea modelo no sólo para otras leyes que se están tramitando también en otras comunidades autónomas, sino para el debate que se está llevando a cabo en el Congreso de los Diputados alrededor de esa ley básica nacional que va a ser de aplicación en el conjunto del país”.

El anteproyecto andaluz, que da respuesta a los requerimientos del Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos, parte del principio del reconocimiento de este derecho, cuyo ejercicio es fundamental para la participación ciudadana, la legitimación de las instituciones democráticas, la defensa del interés general y la garantía de integridad, eficacia, eficiencia y responsabilidad de las autoridades públicas. En este sentido, la consejera ha expresado el convencimiento del Gobierno andaluz de “que a más transparencia, más democracia”.

Además, ha recordado que la comunidad ya “ha recorrido un camino muy importante en materia de transparencia, lo que nos ha permitido estar situados a la cabeza de los rankings de transparencia internacional, en los últimos años, tanto por el  volumen de información que trasladamos, como por la gestión de esa información”.

Transparencia en la tramitación

Del mismo modo, ha defendido la transparencia que se está siguiendo en la tramitación del anteproyecto, lo que ha calificado de “avance importante”. De esta forma, ha señalado que el documento aprobado por el Consejo de Gobierno está colgado en la web de Transparencia de la Junta “para que todo el mundo tenga acceso a él, pueda conocerlo y consultarlo”, lo que ha contrapuesto con la tramitación de la ley estatal sobre la que no se tuvo conocimiento hasta que entró en el Congreso de los Diputados, el pasado mes de septiembre”.

El anteproyecto presentado por la consejera de la Presidencia e Igualdad se articula en torno a dos grandes conceptos: la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública. El primero de ellos hace referencia a la difusión por propia iniciativa de  los poderes públicos, mientras que el segundo se vincula a la actuación de la ciudadanía en la petición de datos.En este sentido, ha indicado que esta ley otorgará “más control y poder al ciudadano, que no sólo tiene derecho a que la Administración le informe de oficio –porque ésta está obligada-, sino que tiene derecho a preguntar y a reclamar la información que estime”.

Agendas institucionales

Entre otras novedades, la norma obligará a que se hagan públicas las agendas institucionales de los gobiernos autonómicos y locales.

Díaz también ha adelantado que las administraciones deben dar información, además, sobre “sus presupuestos, cuentas anuales, la financiación de la comunidad, la deuda pública, el gasto en campañas de publicidad institucional, el Catálogo de los Procedimientos Administrativos, la Carta de Servicios, todos los contratos formalizados, todos los convenios suscritos, las subvenciones y ayudas públicas concedidas, así como la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y retribuciones anuales, la Oferta Pública de Empleo, los procesos de selección de todo el personal, los convenios colectivos, la identificación de miembros de órganos de representación o el número de liberados”.

De igual modo, ha informado de que la norma “exige a la Administración autonómica la publicación de las delegaciones de competencias vigentes, las sedes físicas y los horarios de atención al público, el inventario de entes, así como el de bienes, los planes y programas anuales y plurianuales, la información de toda la normativa vigente y actualizada, así como las leyes y normativas en tramitación”.

En cuanto a las administraciones locales, Díaz ha señalado que la Ley obliga a que se dé difusión de las “declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales” y exige, asimismo, que “se publique no sólo la versión final de ordenanzas y reglamentos, también la inicial”. También, ha apuntado que “los ayuntamientos están obligados a publicar las actas de los plenos municipales” y que “han de retransmitir, siempre que sea posible, los plenos por Internet, por televisión local o facilitar el acceso a un archivo grabado una vez celebrada la sesión”. Del mismo modo, ha manifestado que, “en todo caso, los asistentes podrán realizar grabación de las sesiones por sus propios medios”.

Publicación de los textos normativos

A diferencia del proyecto legislativo estatal, la ley andaluza adelantará el momento en que se hacen públicos los textos normativos. Así, los anteproyectos de ley se publicarán una vez sean conocidos por el Consejo de Gobierno, previamente a su aprobación como proyectos. También se marcan diferencias en relación con la información económica, financiera y presupuestaria, con la obligatoriedad de publicar datos relativos a la deuda pública y al gasto en campañas de publicidad institucional.

De acuerdo con el anteproyecto, toda la información pública objeto de publicidad activa estará disponible en las sedes electrónicas, portales o páginas web de las instituciones o entidades incluidas en el ámbito de aplicación.

Además, la norma obligará a que estos contenidos sean entendibles por todos los ciudadanos; tengan acceso fácil y gratuito; se actualicen trimestralmente y cumplan con la legislación autonómica en materia de utilización de un lenguaje no sexista.

El título III regula el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos cuando sean éstos los que tomen la iniciativa. El suministro de datos ante sus solicitudes se configura como un derecho de la sociedad y una obligación de las administraciones, en el que la excepción será la denegación o la limitación. Estos últimos supuestos serán los que fije la legislación básica estatal, principalmente por motivos vinculados a la defensa nacional, las relaciones exteriores, la seguridad o la protección de datos personales.

En este sentido, Díaz ha señalado que, en caso de que no se pueda facilitar al ciudadano determinada información, “habrá que motivar el por qué”. “En el caso de que una empresa no dé información, las administraciones pondrán imponer multas coercitivas que no podrán exceder del cinco por ciento del contrato o subvención que se le otorgara en su momento”, ha indicado.

Respuestas en 20 días

De acuerdo con la norma, las administraciones andaluzas tendrán que dar respuesta en un plazo no superior a 20 días hábiles, frente al mes que fijará la nueva legislación de ámbito estatal. En este sentido, ha señalado que “esto es un avance en la agilidad en el acceso a la información, ya que ese plazo va a permitir que la información sea útil y que sirva a la solicitud que el ciudadano presenta”.

Dentro de la Administración General de la Junta de Andalucía, la aplicación de la ley se coordinará a través de la Comisión General de Viceconsejeras y Viceconsejeros, que actuará asistida por una comisión técnica. Las distintas consejerías contarán con unidades y comisiones de transparencia que garantizarán un desarrollo homogéneo de la norma.

En términos generales, el control correrá a cargo de la Agencia de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, autoridad independiente de nueva creación cuyo director será designado por el Parlamento andaluz por mayoría absoluta. Su mandato será quinquenal, desvinculado del periodo legislativo de cuatro años, y sólo podrá ser renovado en una ocasión. Entre otras funciones, esta autoridad independiente se encargará de la resolución de las reclamaciones que se presenten.

Finalmente, el anteproyecto de ley establece la creación de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos, órgano consultivo y de participación en ambas materias que contará con la representación de las administraciones autonómica y local, el Parlamento de Andalucía y expertos y organizaciones sociales.

Finalmente, Díaz ha señalado que la norma andaluza es “avanzada, ambiciosa y valiente”, que “responde a las demandas de la ciudadanía y que es muy exigente, en saber cómo se emplean los fondos públicos, ya sea por la propia administración o por las empresas y entidades que también reciben dinero público”.

Del mismo modo, ha manifestado que el documento se basa en un “cambio muy profundo de cultura de la transparencia”, por lo que ha demandado “un debate abierto, en el que se implique la inmensa mayoría de los sectores sociales en Andalucía”, ya que el texto “aún está vivo” y ” se le podrán incorporar más aportaciones”.

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